En la Justicia de la provincia de Buenos Aires los magistrados no se
ponen de acuerdo sobre si deben avalar o rechazar la política tarifaria
de los servicios públicos para los sectores no alcanzados por la tarifa
social y casos de excepción.
Basado en la "categoría testigo de 'pequeñas demandas de uso
residencial' (por ser la que comprende a la mayor cantidad de usuarios),
en la que se dispuso un aumento tarifario del 125% para el área de la
Distribuidora Edelap SA; de 55% para el área de EDEA SA; de 75% para
EDEN SA; y de 85% para EDES SA. Y similares valores de incremento se
observan en la categoría de pequeñas demandas de uso general", el juez
Luis Federico Arias, del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La
Plata, dio lugar a la cautelar presentada por el defensor del pueblo de
la Provincia con el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos.
El magistrado consideró que "dichas proporciones contrastan
ostensiblemente con los niveles inflacionarios reportados por el Indec y
los incrementos salariales o de haberes jubilatorios de la población en
general, que se hallan alrededor del 18% al 20% y que son de público y
notorio conocimiento".
Asimismo, el escrito destaca que "el incremento tarifario no exhibía una
proporción adecuada al aumento del poder adquisitivo de la población,
vinculando la razonabilidad de la tarifa a la capacidad de pago de los
usuarios, y no a la sola rentabilidad empresaria".
Un mes atrás la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa de La
Plata había suspendido el fallo judicial de primera instancia que había
frenado la aplicación del aumento en la luz para los usuarios del Gran
La Plata y el interior de la provincia, que promediaba el 58 por ciento.
El juez Arias ordenó librar oficio a la demandada para que en el plazo
de cinco días de notificada de su resolución el Ministerio de
Infraestructura de la provincia "elabore un informe sintetizado respecto
del cronograma de aumento de las tarifas, sus porcentajes según
distintas categorías de usuarios y áreas de concesión".
Se habían sumado a la demanda del defensor del pueblo la Asociación de
Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Usuarios y Consumidores en
Defensa de sus Derechos, Modecuma, Accuc, Asociación de Defensa de
Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el defensor del pueblo de
la Municipalidad de General Pueyrredón.
fuente: La Tecla
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